Ante las denuncias planteadas formalmente por la AIRA, que oportunamente fueren avaladas por el diputado Nacional Eduardo Amadeo y presentadas en la cámara baja, donde permanece sin el debido tratamiento legislativo.
El firmante considera necesario dar a conocer a la opinión pública, en su calidad de consultor externo de la AIRA, institución señera en el tratamiento de la causa atinente a los pueblos indígenas del hemisferio y en particular de nuestro país, Argentina, su parecer ante lo actuado por el estado nacional desde 1990 en adelante, en forma “Inconsulta”, unilateral y inconstitucional toda ves que lo actuado se desarrolla con “supuestas actuaciones legales” en el marco de “supuestas instituciones” marcadamente inconstitucionales, como lo es el INAI, actuaciones que obedecen a una bien definida aspiración de controlar el movimiento indígena, minimizar y desarticular su fuerza ancestral, su identidad y sus justos reclamos.
El INAI surge del espíritu de la ley 23.302 pero su estructura y organización se modificó excluyendo a los representantes de los (14) catorce grupos étnicos existentes en el país.
Estos representantes, oportunamente elegidos por las respectivas nacionalidades indígenas, deberían ser quienes condujeran el INAI, asesorados por los respectivos representantes de los diferentes departamentos del Ejecutivo Nacional.
El Ejecutivo Nacional debería haber contribuido a esta elección de los representantes y no digitarlos para actuar en el invento del “Consejo de Participación Indígena” CPI apelando a la necesidad de las comunidades y de los representantes indígenas del interior.
De los tres anteproyectos que dieron origen a la ley 23.302 dos de ellos fueron redactados y puestos a consideración de los pueblos indígenas en congresos de los valles Calchaquíes y el Bolsón respectivamente por quién esto firma y en su calidad de asesor del Diputado Augusto Comte, parte activa en el tratamiento y aprobación de la ley.
La figura jurídica del actual INAI es una burla al espíritu de la ley y una burda mascarada de una institución que debería ser gestionada por los verdaderos beneficiarios de ella y no por el Estado nacional en contubernio con indígenas pagados puestos a dedo para respaldar actos inconsultos, tal como sucede en la Prov. de Chaco con el IDACH.
Existe en los grupos humanos aviesos intereses personales y sectoriales que ponen en juego el verdadero origen de las luchas y reclamos desdibujando el esfuerzo mancomunado en la búsqueda de soluciones para todos.
Estos individuos desoyen el llamado ancestral de su propio pueblo y se acomodan según las circunstancias, carencias inducidas por el propio estado que los prefiere callados, pobres e ignorantes como una forma de someterlos a sus propios intereses.
Haciendo caso omiso a su identidad quienes se prestan a estos aviesos mecanismos de control están contribuyendo con el sometimiento de su pueblo, no es ningún secreto que esta es la política de los estados en los cuales los indígenas han debido luchar para lograr algunos reconocimientos o paliativos que alivien sus desde ya precarias situaciones.
La administración Kirchner debería haber desatado el paquete, que le dejaran en este tema, las administraciones anteriores y actuar en consecuencia sin embargo siguió en el mismo sentido desoyendo a quienes en los ochenta lograron un hecho inédito en la sociedad nacional, el reconocimiento de la cuestión indígena como una situación nacional, peleando en todos los frentes políticos hasta obtener la ley 23.302 y la incorporación en la carta magna en el 94, modificando aquello de “Mantener el trato pacífico con los indios ...” para incorporar un texto moderno acorde con el siglo en el cual vivimos.
La prueba cabal de una situación adversa es la negativa de la administración Kirchner de aceptar el fallo judicial en 1° y 2° instancia favorable a la AIRA en el juicio que ésta le iniciara.
Ruben Amilcar Spaggiari
Consultor externo AIRA
L.E. 5.496.688
Periodista
